LQSomos. Antoni Puig Solé. Febrero de 2010.
El gobierno prepara la opinión pública para perpetrar un nuevo ataque a los derechos sociales: atrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Lo intenta justificar con los argumentos de siempre: el déficit público, el problema demográfico, la racionalidad, el incremento insoportable de las jubilaciones anticipadas,...
El déficit público
Es verdad que inicialmente la ampliación de la edad de jubilación podría tener un efecto "positivo" en el gasto presupuestario: se reducirían las pensiones en número y cuantía económica. Pero no haría disminuir el volumen de parados; más bien pasaría lo contrario.
Hace falta recordar, en todo caso, que el déficit público también se puede tratar haciendo crecer los ingresos fiscales del Estado. Esto sería posible mejorando el poder adquisitivo de los activos e incrementando a la vez la masa salarial sucia (salario directo + cotizaciones sociales). En lugar de escoger esta última opción, el gobierno encuentra normal ayudar a los más ricos por la vía de las rebajas fiscales e intenta crear las condiciones favorables para poder exonerar a los patronos de una parte de sus aportaciones a las cotizaciones sociales. Esta es justamente la intención que se esconde detrás la supuesta "racionalización" de la Seguridad Social.
El problema demográfico.
La segunda nota de la partitura es el problema demográfico: vivimos más años y esto es una calamidad. El alargamiento de la duración de la vida nos obliga a trabajar más si no queremos incrementar el tiempo que pasa entre el día de la jubilación y la muerte.
Este argumento no tiene en cuenta que el incremento proporcional en la edad de jubilación ha sido menor que el incremento proporcional de la productividad en el trabajo. Entonces, ¿dónde está el problema?
La edad efectiva de jubilación
Para dar consistencia a la propuesta se recurre a una estadística que lo mezcla todo y que indicaría que la edad de jubilación "efectiva" se ha reducido en los últimos años. Ahora bien, esto no es del todo cierto: la edad de jubilación ha continuado inamovible a los 65 años y esta es precisamente la edad que ahora se quiere atrasar.
El problema de fondo no se deriva de la actual edad de jubilación. Todo lo contrario. Hoy en día, a una buena parte de los asalariados mayores de 55 años las empresas los consideran viejos. Como que no los contratan o los despiden, no les queda otro remedio que el subsidio de paro o la jubilación anticipada. Y la anticipación, cuanto se produce, comporta una pérdida vitalicia de la pensión proporcional al tiempo que falta por cumplir los 65 años.
Por esto, el discurso sobre la necesidad de trabajar más tiempo es falso: ¡el verdadero objetivo es dejarnos con pensiones más reducidas!
Uno expolio
La jubilación, como el resto de prestaciones contributivas es un derecho social de los trabajadores por cuenta ajena que se deriva de las cotizaciones sociales. Unas cotizaciones que pueden ser consideradas como un salario diferido con un fuerte contenido solidario. El salario diferido permito disponer de un tiempo libre remunerado en el cual ya no se debe prestar un trabajo bajo las órdenes y organización del patrón.
El incremento de la edad de jubilación no es otra cosa que un intento de hacer disminuir los ingresos y los derechos de los asalariados con el fin de mejorar los beneficios y el poder de los empresarios. Se trata de un verdadero expolio.
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