Soberanía alimentaria y consumo responsable,como alternativas.

LQSomos. Xavier Montagut*. Abril de 2010.
Los múltiples efectos de la globalización económica, el empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas en el mundo, el deterioro ambiental, la prepotencia y el aparente poder absoluto de gobiernos, empresas y organizaciones internacionales como la OMC han ido generando en las últimas décadas una nueva oleada de movimientos de resistencia en todo el planeta.

Un papel especial en esta resistencia lo están jugando los tradicionales productores de alimentos, los pequeños agricultores o ganaderos, los pescadores, los pueblos indígenas, Resistiendo cada día más a su propia desaparición, quieren conservar su tierra y su agricultura. Todo este patrimonio de movilizaciones campesinas, de experiencias y de ideas se ha ido plasmando con el tiempo en un movimiento internacional, la Vía Campesina. En el centro de esta resistencia esta la estrategia, de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria significa devolver a cada pueblo y nación el control sobre los alimentos que produce y consume, recuperando todas las herramientas jurídicas, técnicas y políticas que necesite, incluyendo el control de los precios y los circuitos de intercambio. Adquiere su sentido en ámbitos locales, nacionales o regionales, que es dónde debe ir dirigida fundamentalmente la producción de alimentos.

Este concepto significa entrar directamente en las decisiones de qué alimentos se producen, de que manera y en que cantidad, es decir en las políticas agrarias de los estados. La alimentación de un país no puede depender de los caprichos del mercado internacional ni de las estrategias geopolíticas de una gran potencia: es una cuestión básica de supervivencia. Es decir, la alimentación y los sectores a ella ligados (la agricultura, la ganadería, la pesca…) son una cuestión de seguridad e independencia nacional. De soberanía, en definitiva. Son las personas, los pueblos, los que han de tomar en sus manos las decisiones de la política alimentaria. Son ellos, a través de sus decisiones democráticas, los que han de decidir qué, cómo y quién produce.

De esta manera, el concepto de soberanía alimentaria no se reduce a una fórmula genérica, sino que se trata de una herramienta metodológica para analizar y comprender una serie de fenómenos complejos. Una estrategia de lucha para abordar los problemas de la agricultura mundial y del hambre a principios del siglo XXI y un planteamiento radicalmente opuesto a la lógica neoliberal del desarrollo.

La soberanía alimentaria propone la reconstrucción de un modelo de intercambios agrícolas que se base en los mercados locales, regionales y estatales, capaz de vitalizar el desarrollo económico interno. No rechaza en absoluto el comercio internacional, pero redimensiona su importancia: tanto los precios como la producción deben ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por los mecanismos de un mercado dominado por las grandes corporaciones.

Los alimentos, un bien público

La producción de alimentos, la agricultura y todo el conjunto de prácticas, conocimientos y actividades que giran a su alrededor deben ser considerados como un inalienable e importante bien público. Cuidar de la agricultura, a nuestro entender (y al entender de unos cuantos millones de agricultores), significa -por ejemplo- una política de subvenciones que se centre en los aspectos esenciales de la cuestión, ya que el debate más importante sobre las ayudas a la agricultura es hacia dónde se dirigen.

Ante el fracaso del modelo agroexportador y los desastres provocados por la industrialización de la agricultura, tanto en el terreno ecológico como en el social. En primer lugar, hay que subvencionar y apoyar a los agricultores y no a las industrias del campo. Una agricultura campesina es la única garantía de una producción de alimentos equilibrada, ajustada a las reales necesidades de la población, atenta a los equilibrios de los ecosistemas y capaz de gestionar armoniosamente el territorio rural. No se trata de volver a un pasado de penuria o de renunciar a la tecnología, todo al contrario.

Se trata de buscar alternativas válidas a un modelo agroindustrial que ha demostrado ampliamente toda su ineficiencia, su peligrosidad y su injusticia.

En el Norte, esto significa principalmente cambiar en 180º el rumbo de las políticas de subvención: abandonar la lógica de la sobreproducción y de la financiación de las exportaciones de excedentes mediante una rigurosa política de control de los volúmenes de producción, el establecimiento de precios agrícolas relacionados con los costes de producción, ayudas a las zonas más desfavorecidas y finalmente una política de prioridad de los mercados y mecanismos de comercialización locales.

Hay que dejar de ver la agricultura meramente como la producción. La agricultura ha sido históricamente el principal vehículo de las relaciones de los hombres y de las mujeres con su entorno natural. Los principios y las técnicas de la agricultura, de la pesca y de la ganadería tradicionales representan una elaboradísima síntesis del aprovechamiento y de la conservación de los ecosistemas: sólo la locura del beneficio económico rápido y a toda costa ha sido capaz de empezar la destrucción de la biodiversidad del planeta después de milenios de equilibrio. La financiación de la agricultura debe estar ligada al cumplimiento de estrictas normas que protejan la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

La agricultura significa empleo y ocupación sostenible del territorio. El proceso de industrialización y especialización de la agricultura no sólo ha marcado el declive de las pequeñas explotaciones, con la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, sino que nos ha dejado un mundo rural profundamente en crisis. Una crisis de abandono en las zonas menos interesantes, desde un punto de vista económico, y una fuerte crisis de identidad en las zonas donde más se ha desarrollado el sistema agroindustrial.

Subvencionar la agricultura significa entonces garantizar realmente su multifuncionalidad: financiar prioritariamente el modelo de la pequeña y mediana explotación, fomentar el empleo en el campo y la revitalización de las sociedades rurales alrededor de las actividades agrícolas, recuperar el equilibrio medioambiental a través de prácticas agrícolas sostenibles. En resumen, reconocer concretamente las funciones sociales y ecológicas que la agricultura posee.

Como hemos visto, la idea de soberanía alimentaria ordena y da sentido al conjunto de la política agraria. Recuperar la posibilidad de los pequeños agricultores de producir en condiciones dignas y de forma sostenible, plantea fundamentalmente el problema del acceso a los recursos. En síntesis, y según la expresión de los mismos movimientos campesinos: “La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada región y país, que permitan a los campesinos e indígenas -considerando a las mujeres en igual de oportunidades- un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución” (Declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, 2001.)

Solidaridad desde la diversidad

Todas estas consideraciones configuran claramente la soberanía alimentaria como un modelo de producción, de intercambios económicos, de participación democrática, de políticas agrarias totalmente incompatible y alternativo al vigente. Entrando en un terreno más filosófico, se puede decir que la soberanía alimentaria responde a una idea profundamente humanista de las relaciones entre individuos, grupos sociales, fenómenos económicos, productivos y ambientales, opuesta frontalmente a los valores individualistas, excluyentes y atomizadores de la sociedad de consumo.

De esta forma, la soberanía alimentaria combina unos principios generales válidos en todas las situaciones con un respeto a la diversidad de ecosistemas, culturas e intereses de los pueblos y naciones, que permite plantear un trabajo común de agricultores de unos países y otros. Hoy, Vía Campesina agrupa a más de 200 millones de agricultores de todo el mundo que son conscientes de enfrentarse a unos mismos adversarios, de participar en una misma lucha y de tener en común unos objetivos que incluyen y no excluyen la diversidad de situaciones sociales, ecológicas y culturales.

Todo esto hace de Vía Campesina uno de los movimientos sociales más importante a nivel mundial, capaz de mantener un profundo arraigo en las realidades más diversas de los cinco continentes. Bajo la perspectiva de la soberanía alimentaria, el argumento de la competitividad entre agricultores aparece claramente como una estrategia política del discurso neoliberal, que ha disfrazado a menudo de intereses nacionales la competitividad y los intereses particulares de las grandes multinacionales.

La agricultura adaptada al medio social y ecológico que propugna la soberanía alimentaria, se complementa y posibilita con un enfoque agroecológico. Éste, “a diferencia del enfoque agronómico convencional (...) se centra en principios vitales como la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la sinergia e interacción entre los diversos cultivos, animales y suelo, además de en la regeneración y conservación de los recursos.

Los propulsores de este enfoque parten de las técnicas y posibilidades de cada lugar y las adaptan a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas” (Altieri et al, 2000).

La agroecología

Nacida en profundo contraste con la filosofía y la práctica de la “revolución verde”, la agroecología ha logrado en estos años afirmar su viabilidad a través de muchas experiencias en todos los continentes y con la participación directa de miles de agricultores. Las bases de esta viabilidad son fundamentalmente tres: la primera es que se trata de un sistema muy flexible que interactúa con los conocimientos tradicionales locales y propone soluciones relativamente sencillas y no agresivas con el medio (no utiliza insumos químicos y recupera la biodiversidad de los sistemas agrícolas). La segunda es que supone un modelo económicamente ventajoso para las pequeñas explotaciones: la dependencia de insumos externos al ecosistema se reduce enormemente y, promoviendo la diversificación de los cultivos, crea las condiciones para la autosuficiencia alimentaria y económica. Y finalmente, la tercera razón es que la agroecología, sencillamente, funciona.

Sin embargo, en una sociedad dominada por un consumo masivo y de baja calidad, las condiciones para hacer de la agricultura ecológica un nuevo y lucrativo negocio están dadas. El consumo de los productos llamados “bio procedentes de la agricultura ecológica”, a pesar de ser mucho más sanos y sostenibles, no son necesariamente sinónimo de agroecología.

Agroecología significa, como hemos visto, el establecimiento de un modelo alternativo, que devuelva la agricultura a los campesinos, que cree las condiciones para un desarrollo socialmente justo y que integre la agricultura en los ecosistemas de una forma harmoniosa. Supone también la existencia de un proceso participativo en la sociedad: agricultores y consumidores deben ser los protagonistas de este proceso, que beneficia a ambas partes.

Está claro que este gran proyecto no puede desarrollarse sin la participación de los pequeños campesinos, los ganaderos, los pescadores, las comunidades rurales y sus expresiones organizativas y sindicales en cada país. Sin ellos, es imposible recuperar la sabiduría necesaria para resolver el problema alimentario a nivel local.

Sin embargo, ellos solos no bastan. El derecho a una alimentación sana, el mantenimiento de los ecosistemas del planeta, son asuntos de toda la población. Para implementar una estrategia de soberanía alimentaria, se tiene que contar con el conjunto de la población, con la participación de los consumidores, de las ciudades, de los trabajadores en su conjunto. Es necesaria la acción de todos ellos y que su voluntad se plasme en políticas públicas.

Es decir, la presencia y la actividad de movimientos sociales de productores agrícolas, expresada en la Vía Campesina, no significa sólo una resistencia cada vez más eficaz a las políticas neoliberales sobre agricultura, sino prefigura, de alguna manera, todo un universo posible de relaciones, de intercambios de conocimientos, de debates, reflexiones y acciones conjuntas entre sectores diferentes. Los científicos sensibles tienen un nuevo campo de trabajo en la recuperación de la sabiduría indígena y campesina, con inmensas posibilidades. Los sectores preocupados por la gestión ecológica del territorio pueden encontrar sus aliados entre los campesinos que hoy pueblan la inmensa mayoría del planeta y gestionan sus recursos. Las personas sensibles a los problemas fundamentales de la humanidad -especialmente la llamada desigualdad entre el Norte y el Sur- tienen en las luchas campesinas un potente aliado y una fuente de alternativas. Los consumidores preocupados por la calidad de los alimentos y por el equilibrio dietético, tampoco pueden abordar la solución de sus problemas sin la alianza con los productores de alimentos. Todo ello plantea la posibilidad de recuperar la importancia de la producción agraria, la dignificación de los que realizan este trabajo y una alianza del conjunto de la población en torno a la temática agraria.
Esta alianza está en la base de una estrategia de soberanía alimentaria.

La necesidad de alianzas es especialmente importante en los países del llamado primer mundo. Aquí, los agricultores representan un sector muy pequeño de la población activa global (en el conjunto del Estado español, el 4%, en Cataluña sólo el 2%) y recuperar la importancia de la producción agrícola exige un esfuerzo consciente por parte de las organizaciones ciudadanas. Los agricultores no pueden cambiar, ellos solos, el modelo agroalimentario dominante. Y no se trata solamente de un problema de proporciones entre la población que se dedica a la agricultura, con sus intereses específicos, y la que no. La complejidad y la extensión de este modelo dominante requiere una lucha y una reflexión igualmente compleja y extensa, que sólo un amplio movimiento ciudadano, probablemente, será capaz de llevar a cabo con una posibilidad de éxito. En este sentido, el tema del consumo y el papel de todos nosotros como consumidores es un asunto clave.

La alimentación industrial y el modelo de consumo

Desde hace tiempo existe, en nuestras sociedades asfixiadas por el consumo compulsivo, una sensación creciente de malestar ante algunas expresiones evidentes y especialmente odiosas del sistema agroalimentario vigente. Unos alimentos de bajísima calidad, absurdamente estandardizados y perniciosos para la salud, el despilfarro evidente de recursos energéticos, el creciente deterioro del territorio ligado a los estragos de la agricultura industrial…

Las técnicas de la agricultura “moderna”, junto con las exigencias económicas de los grandes grupos distribuidores y transformadores, aunque hayan hecho aumentar la producción de alimentos hasta generar importantes excedentes, han hecho bajar en picado su calidad.

La acumulación desproporcionada de sustancias químicas de síntesis es la norma en toda la cadena alimentaria: desde los plaguicidas y los fertilizantes hasta los antibióticos, a los conservantes y colorantes en la fase final de la cadena. La concentración y la mezcla de todos estos agentes químicos en los alimentos industriales es altísima.

El hecho de que todos estos alimentos hayan perdido la mitad de sus características organolépticas y sustancias alimenticias, que contengan residuos tóxicos o que sean portadores potenciales de enfermedades peligrosas no es un problema para las grandes industrias de la alimentación y las cadenas de distribución. La producción industrial y la concentración son sinónimos de altos beneficios y el hecho de que la salud y la cultura sean sacrificadas en el altar de la economía es un aspecto más de la modernidad.

El modelo de consumo dominante, ampliamente aplicado y consolidado en el Norte, cuya filosofía y efectos se están exportando al sur, se basa en una insostenibilidad de fondo que ha erosionado en estas últimas décadas muchos recursos naturales fundamentales y que en perspectiva nos dejará un mundo agotado, pobre e inhabitable.

Como ciudadanos y ciudadanas del planeta tierra estamos muy interesados, entonces, en un cambio general de estas condiciones por muchas y buenas razones: la conservación de nuestra identidad cultural como comunidades, la afirmación de la justicia, la salvaguarda de la salud y de la prosperidad de todos, la sostenibilidad.

Cambiar nuestro consumo y crear modelos comerciales alternativos

En los años ochenta y mediante la ecología política, aprendimos la importancia de dar una batalla también en el terreno de los modelos de consumo: “Mientras los tipos de demanda de bienes y servicios por parte de la población consumidora permanezcan inalterados, el capitalismo seguirá imperando(…) Reconocer eso no supone claudicación alguna en la voluntad transformadora. No es más que la constatación, nada trivial para la práctica política, de lo que en análisis es mera tautología: el capitalismo es el mejor sistema para satisfacer los tipos de demanda que el mismo ha generado e impuesto históricamente (…) Una sociedad distinta precisa de consumidores y consumos de otra clase. Requiere el renacimiento de una economía moral de los trabajadores” (Tello, 1990).

Este cambio de modelo de consumo, en la perspectiva de la soberanía alimentaria significa reconstruir los vínculos humanos y comerciales con los agricultores, consumiendo productos de temporada que se cultiven o se críen en el entorno más próximo y en armonía con él, estableciendo una nueva relación solidaria entre el campo y la ciudad. Es recuperar toda una cultura de la alimentación, dando valor a las pequeñas producciones locales y a las elaboraciones artesanas.

Si bien es verdad que no cambiaremos el modo de producción y de comercialización sin cambiar el modelo de consumo, el razonamiento inverso también es cierto. Para cambiar los modelos de consumo es necesario organizar otros mecanismos de relación entre productor y consumidor, otros mecanismos comerciales. Deberemos crear también mecanismos alternativos de comercialización o recuperar y dar un nuevo sentido a mecanismo tradicionales que hoy están siendo atacados por los grandes monstruos de la distribución. Intentar cambiar nuestro consumo sin modificar el modelo comercial dominante será un esfuerzo inútil.

En los de países del Sur, todavía la inmensa mayoría de los productos se comercializan en los mercados locales. Hay, pues, una tarea de defensa de los mercados locales tradicionales en todo el mundo. Estos mercados permiten un mayor control por parte de los campesinos y los consumidores y posibilitan que el dinero sigua repercutiendo en la economía local. Con ello abren la posibilidad, que niegan las grandes cadenas alimentarias, de una retribución digna a los campesinos y una producción respetuosa con la naturaleza. Pero, por sí solos, no lo garantizan; es necesario un trabajo consciente para conseguirlo.

Alternativas comerciales en el Norte

En los países del llamado primer mundo están apareciendo distintas experiencias que parten de una voluntad política expresada de forma organizada para crear alternativas a los modos comerciales tradicionales. La experiencia más extendida es lo que se ha llamado “comercialización de contrato”.

Es un concepto que nació en Japón hace más de cuarenta años y que se ha extendido a múltiples países. En Japón más de treinta millones de personas participan en los grupos de consumo ecológico llamados teikei. En Estados Unidos y Canadá existen más de 1.400 centros de consumo directo que llevan por nombre “apoyo comunitario a la agricultura” y que agrupan a cien mil familias. En Gran Bretaña existen cientos de grupos de consumidores que compran directamente al productor. En Francia y Suiza funcionan desde hace años estructuras y asociaciones parecidas, como las AMAP francesas, asociaciones para mantener una agricultura campesina viva.

Estos sistemas permiten a los consumidores comprar productos frescos, de temporada, cultivados en sitios cercanos y a unos precios transparentes y garantizados, fuera del mercado mundial. Además, participan en el apoyo a una agricultura duradera y de proximidad.

Por su parte, el agricultor conoce con antelación su volumen de producción y el precio que le será pagado. Su trabajo es reconocido y remunerado con un precio justo, que es un factor importante si pensamos en las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Finalmente, este tipo de intercambio contribuye al mantenimiento o a la mejora de los vínculos entre el productor de alimentos y los consumidores.

En el Estado español, existen diferentes cooperativas que funcionan con contratos entre los productores y los consumidores y a un precio pactado de común acuerdo. Su funcionamiento es variado: con una cesta de productos o con pedidos sobre una lista; con trabajo totalmente voluntario o combinado con algunos trabajos remunerados; con un local que sólo funciona alguna tarde gestionado por los propios cooperativistas o con un local abierto al público y con horario comercial.

Estas experiencias significan, en resumen, los principios de transparencia y equidad, cultivo armónico con la naturaleza, remuneración digna para los productores, eliminación de intermediarios innecesarios, es decir los principios tradicionales del comercio justo, aplicados a cultivos de proximidad y con campesinos locales.

Por otro lado, tenemos un movimiento a favor de un comercio justo claramente en auge y que reivindica la equidad en los intercambios comerciales entre el Norte y el Sur. ¿Podrían y deberían confluir los dos movimientos?

El término “comercio justo” nació hace años para indicar una forma de enfrentarse a las injustas relaciones comerciales entre el Norte y el Sur. Tradicionalmente, el movimiento por un comercio justo ha tenido tres ámbitos de actuación. En primer lugar ha articulado un discurso crítico sobre el mercado, el consumo, las relaciones Norte-Sur llevándolo a la gente, a los consumidores, a la sociedad civil. En segundo lugar, y ligado a este aspecto, está su capacidad de movilización social. Finalmente, lleva a cabo un trabajo en prácticas comerciales alternativas, especialmente centrada, en productos típicos del comercio internacional.

Hoy, el comercio justo, fruto de su éxito, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, hay una visión, la que más audiencia cuenta en los medios mayoritarios, que busca insertar el comercio justo en el mercado tradicional constituyendo un nicho de ventas que permita la máxima transferencia de recursos a los campesinos del sur. Para ello no duda en crear certificaciones como el sello FLO que puede ser utilizado, por las multinacionales como Nestlé o por las grandes plantaciones como Chiquita, para lavar su imagen hablando de productos “justos” cuando dichas empresas son el paradigma de la injusticia. El precio de esta visión es abandonar cualquier aspecto transformador del comercio justo y esconder las causas de los problemas de la agricultura y de la alimentación. Concepciones que, tarde o temprano, son cooptadas por el discurso neoliberal (Montagut y Vivas, 2006). (Sobre la critica a estas concepciones se puede consultar el manifiesto contra el sello FLO en www.espaciocomerciojusto.org )

Comercio justo y soberanía alimentaria: buscando una estrategia común

Pero también hay una visión que sitúa al comercio justo en alianza con otras experiencias y otras visiones del comercio local e internacional alternativas manteniendo, así, sus principios originarios y enriqueciéndolos con visiones más amplias. Desde este punto de vista, adquiere todo su sentido integrar los principios que originaron el comercio justo a la estrategia de la soberanía alimentaria.

En primer lugar, hay que ampliar el concepto de comercio justo a las experiencias de comercialización local en el sur. Es allí donde se da la batalla decisiva por resolver los problemas de alimentación y conservación de los recursos de nuestro planeta. La visión de aplicar los principios de un comercio justo a los mercados locales es algo que esta en la base de la estrategia de la soberana alimentaria. Por lo que respecta al Norte, el movimiento por un comercio justo con una voluntad transformadora debe construir una alianza local tanto ideológica como práctica con las experiencias cooperativas de consumo agroecológico.

En efecto, desde una visión transformadora del comercio justo es imprescindible realizar una labor de educación en un consumo responsable que sepa valorar los diferentes aspectos que existen en toda la cadena comercial, generando de este modo unas relaciones comerciales de confianza. Para esta labor son imprescindibles las organizaciones con base local, especialmente las tiendas de comercio justo, que tienen el contacto directo con los consumidores. Por otro lado, las cooperativas de consumo agroecológico y las diferentes experiencias de comercialización agroecológicas tienen unos principios comunes con los del comercio justo, al menos con la visión del comercio justo ligada a la soberanía alimentaria que defendemos.

En diferentes casos las tiendas de comercio justo han incluido formas de consumo cooperativo de productos agroecológicos locales. Las ventajas son múltiples: se refuerza la coherencia de su trabajo de comercio justo como una lucha por otro modelo de alimentación; se aumenta la viabilidad de las tiendas; se generan prácticas cooperativas y asociativas que fortalecen la dinámica participativa del movimiento.

Desde el punto de vista de las cooperativas, su alianza con el comercio justo facilita el trabajo por dotar a las cooperativas y a sus asociados de una visión que vaya mas allá de lo estrictamente local (Montagut y Dogliotti, 2006).

Son pues dos trabajos aliados tanto en la visión y los objetivos de la lucha como en la construcción de prácticas económicas que ayuden a visualizar que otro modelo de agricultura, de comercialización y de consumo son posibles y se constituyan en espacios de resistencia frente al modelo dominante.

Los límites de una práctica comercial alternativa

Hemos visto que la soberanía alimentaria pone la decisión ciudadana por encima del mercado. Es pues en dicho terreno, el de la acción social y política, dónde se han de librar las batallas decisivas. Las estructuras injustas del mercado internacional no se cambiarán solamente ni fundamentalmente por introducir algunas prácticas alternativas dentro del mercado. Hay que cambiar las mismas características de este mercado y ello se hace poniendo la política en el puesto de mando y la alimentación local por encima de la comercialización de excedentes en mercados más amplios. Mientras nuestra fuerza en el mercado esté en los recursos monetarios que tenemos, siempre estaremos en desventaja. En la acción política, en cambio, nuestra fuerza está en que somos la mayoría de los ciudadanos. Es sin duda un terreno más favorable para los cambios sociales.

Es por esto que, por importante que sean las practicas alternativas de otras formas de consumir y comercializar, debemos de huir de la visión, hoy en boga, de que muchas acciones individuales de consumo responsable, por si solas, tendrán como efecto cambios estructurales. La lucha política, es decir el esfuerzo colectivo por condicionar las normas sociales, incluido el mercado, puede ser complementado y fortalecido por alternativas de consumo y comercio, pero nunca sustituido. Parafraseando el lema de la Vía Campesina: si queremos globalizar la esperanza es necesario globalizar la lucha.

*Xavier Montagut es presidente de la Xarxa de Consum Solidari.

Bibliografía

- Altieri, M. et al. (2000) “Agroecología para combatir el hambre en el sur” en Revista del Sur, nº 105/106.
- Montagut, X. y Dogliotti, F. (2006) Alimentos globalizados, Barcelona, Icaria editorial.
- Montagut, X. y Vivas E. (coord.) (2006) ¿Adónde va el comercio justo? Barcelona,
Icaria editorial.
- Tello, E. (1990) “Demandas ecosocialistas” en Mientras Tanto, nº 39.